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Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que solicitó el ministerio de Justicia y de Seguridad para bloquear la señal de celulares en las cárceles del país.

El texto debe ser sometido a una votación final y pretende evitar que privados de libertad cometan estafas y hasta coordinen redes de narcotráfico tras las rejas.

Aunque el gobierno lo celebra, el proyecto aún genera muchas dudas. El costo del sistema superaría los 6 millones de dólares y tendría que ser asumido por las operadoras de telefonía.

Lo explica la Ministra de Justicia, Marcia González

 

Una vez aprobado el texto en segundo debate, que los diputados esperan sea la próxima semana, el gobierno tendrá 9 meses para establecer el reglamento.

El congresista de Liberación, Gustavo Viales, comenta que el Poder Ejecutivo debe garantizar que la restricción de señal no afecte a vecinos o comercios cercanos.

 

Las voces opositoras ya se hacen escuchar. Los poco más de mil funcionarios de cárceles temen una violación a sus derechos.

Así opina el representante sindical, Benjamin Sevilla.

 

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología se pronunció al respecto manifestando su anuencia a colaborar pero rechazan que el tema sea de su entera responsabilidad.

La directora Ejecutiva, Ana Lucía Ramírez, duda que exista la capacidad de bloquear la señal en prisiones sin afectar a terceros.

 

El director de Telecomunicaciones del ICE, Jaime Palermo, dice que la regulación es posible pero pone en duda el origen de los recursos.

 

Movistar informó que apoyan las dudas de la cámara mientras al cierre de edición no fue posible obtener reacción de Claro.

La partes piden a Justicia otras medidas como reforzar los controles de ingreso y decomisos de celulares.

Por año, la Policía Penitenciaria quita unos 4 mil celulares a privados de libertad. Más de 1.180 en los primeros cuatros meses de este 2018.