El gigante tecnológico Microsoft y el Gobierno de Donald Trump se enfrentaron hoy en el Tribunal Supremo de EE.UU. en un caso que podría delimitar cuáles son las fronteras de Internet y qué poder tiene Washington para acceder a correos electrónicos almacenados en el extranjero.

El alto tribunal celebró hoy una audiencia de una hora para evaluar el caso, cuya sentencia no se conocerá hasta junio.

Los jueces se mostraron divididos sobre cómo resolver la batalla que enfrenta a Microsoft y al Gobierno estadounidense, quien quiere que las compañías tecnológicas establecidas en EE.UU. le permitan acceder a correos electrónicos almacenados en servidores en otros países.

Dos de los nueve jueces, John Roberts y Samuel Alito, ambos conservadores, se mostraron a favor de la posición del Gobierno de Trump, mientras que los progresistas Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor cuestionaron la necesidad de que el Tribunal Supremo intervenga.

Estos tres magistrados consideraron que solo el Congreso tiene poder para mediar en asuntos de importancia internacional y, además, abogaron por esperar a ver qué ocurre con una nueva propuesta de ley llamada "Cloud Act" ("La ley de la nube") que resolvería algunos de los asuntos pendientes en el caso.

"El Gobierno de EE.UU. está pidiendo a este tribunal que le dé poderes extraordinarios. Solo el Congreso puede darle ese poder. Estamos hablando de la arquitectura de los proveedores de Internet, del futuro de Internet y del consenso internacional sobre soberanía", explicó Breyer.

Durante la audiencia, el abogado que representa a Microsoft, Joshua Rosenkranz, defendió que la compañía "legítimamente" se negó en 2013 a entregar a fiscales de EE.UU. unos correos electrónicos ligados a un caso de narcotráfico y que estaban almacenados en un servidor en Dublín (Irlanda).

La empresa rechazó proporcionar esos correos al considerar que eso implicaba la incautación de documentos internacionales y que, de producirse, otros Gobiernos del mundo, como Rusia o Irán, podrían forzar a empresas tecnológicas de EE.UU. a transferirles información almacenada en territorio estadounidense.

La disputa llegó a los tribunales y, después de sentencias a favor de Microsoft, el Gobierno de Trump interpuso un recurso al considerar que, como la compañía tiene sede en Redmond (en el estado de Washington), puede acceder a los ficheros almacenados en otros países con solo un clic.

A través de su abogado, Microsoft insistió hoy en que las órdenes de registro no pueden seguir estando regidas por una ley aprobada en 1986, pues omite los desafíos de la era digital.

Además, el abogado de Microsoft aseguró que, si transfiriera los datos a EE.UU., la Unión Europea (UE) podría imponerle multas multimillonarias debido a las leyes de protección de datos y, además, incidió en que Estados Unidos debe acudir a tratados internacionales para pedir los datos que almacena en otros países, como Irlanda.

Frente a ello, el Gobierno de Estados Unidos, apoyado por una coalición con 33 de los 50 estados del país, defendió que el acceso a la información en el extranjero es vital para investigaciones criminales, incluidas aquellas que implican abusos sexuales a menores y asesinatos.

"No hay un problema internacional, eso es un espejismo que Microsoft está tratando de crear", afirmó el abogado del Gobierno, Michael R. Dreeben, quien aseguró que la compañía ya "ha interferido" en las relaciones de EE.UU. con otros países y ha creado "grandes obstáculos" para la policía.

El caso ha captado una gran atención por parte de las compañías tecnológicas y también de los grupos defensores de la privacidad en Internet, que temen que una sentencia a favor del Gobierno pueda vulnerar los derechos de los internautas y obligarles a abandonar los servicios en Internet.

Además, más de 30 actores nacionales e internacionales se han posicionado en el caso. Por ejemplo, Irlanda presentó un escrito en el que rechaza apoyar a una de las dos partes, pero avisa a EE.UU. de que existen vías de cooperación entre naciones para reclamar cualquier documentación en una investigación criminal.

La Unión Europea también interpuso un escrito, en el que argumenta que tiene un "interés significativo" en el caso porque la protección de datos está reconocida como un derecho fundamental en de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y, por tanto, "tiene competencias" en este ámbito.

Aunque la UE no se inclina por ninguna parte, avisa de que el resultado impactará en las futuras fronteras de Internet.