Se trata del caso ocurrido a inicios de año en la zona de La Merced en el cual falleció un hombre de 31 años que estaba armado dentro de un vehículo.
La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José confirmó a Noticias Columbia que en el expediente judicial 22-000087-0053-PE figuran 12 personas, sin embargo, la Fuerza Pública indicó que siete son sus funcionarios y la Policía Municipal de San José detalló que tres son sus oficiales.
Hay otras dos personas que, de momento, se desconoce si pertenecen a alguno de estos cuerpos de Policía o tienen otra función.
Los hechos se remontan a la mañana del 19 de enero de este año, cuando Luis Diego Fernández Valverde estaba con su padre dentro de un vehículo negro en la zona de Merced.
Había una discusión y el sujeto al parecer amenazó con usar el arma de fuego que tenía a mano, situación que originó la alerta e intervención policial.
Los oficiales lograron sacar al padre del vehículo pero Fernández se negaba a salir y a deshacerse del arma. Minutos después comenzó un tiroteo que dejó sin vida al conductor.
El hecho quedó registrado en múltiples videos que grabaron los transeúntes a pesar del riesgo que había.
Tras la situación y, como corresponde en este tipo de casos, el OIJ decomisó todas las armas que se vieron involucradas en el tiroteo para determinar las trayectorias de las bales e identificar la procedencia de las que impactaron a Fernández.
Cinco meses después, al menos 10 oficiales de Policía se mantienen bajo investigación por presunto homicidio y abuso de autoridad. El padre del fallecido declaró a varios medios de comunicación que consideraba como excesiva la actuación de las autoridades.
El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, dijo a Noticias Columbia que los funcionarios cuentan con el apoyo legal de la institución.
“Los tres se mantienen activos en el ejercicio de su cargo y cuentan con el respaldo institucional y el acompañamiento jurídico para enfrentar los procedimientos judiciales asociados a la investigación por abuso de autoridad y homicidio. Los funcionarios recibieron oportunamente la atención psicológica que ameritaba, realizamos una valoración de cada uno y posteriormente un penalista de la Municipalidad de San José, experto en delitos funcionales les abrió el expediente para acompañarlos en este proceso”, expresó.
Aunque no puede dar muchos detalles, Solano comentó que parte de la tesis de defensa de los Policías se basa en que presuntamente Fernández disparó primero.
“Dentro del vehículo había casquillos de arma de fuego, lo cual hace presumir con alto grado de certeza que el arma de fuego en posesión del sujeto fue percutada de primero y a partir de allí la respuesta de los policías que estaban en el sitio. En todo caso, esto forma parte de la investigación judicial, que tiene que determinar las trayectorias y el material documental que está disponible. Hay muchos videos desde diferentes posiciones en donde la Policía Judicial tiene un altísimo grado de certeza de cómo fue que ocurrieron los hechos”, añadió.
También se tomó en cuenta que el hombre estaba armado y que supuestamente intentaba poner el vehículo en movimiento, hecho que, a criterio policial, representaba una amenaza para los ciudadanos que estaban en la zona.
“Y hemos visto historias en muchos países del mundo en donde un hombre con un arma de fuego y un vehículo, en las cercanías de una vía peatonal o frente a una intervención de la Policía, ha cometido actos en los que han perdido la vida muchísimas personas. La tesis de la Policía, en este caso hablaré por la Municipal, fue considerar que era necesario, se hacía necesario percutar las armas de fuego para salvaguardar la vida de las personas que estaban en el sitio”, recalcó Solano.
El jefe de la Policía Municipal de San José comentó que, tras haber cumplido con las diligencias de investigación, el OIJ ya entregó a la institución las tres armas que fueron decomisadas a sus oficiales
En el caso de la Fuerza Pública está en trámite una consulta con el director y viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, para que se refiera al proceso judicial y la forma en que se acompaña en la parte legal a los oficiales investigados por la Fiscalía.
Los oficiales de la Policía Municipal investigados son de apellidos González, Murillo y Soto. Los de Fuerza Pública se apellidan Cambronero, Pérez, Carvajal, Nieto, Aguilar, Ramírez y Céspedes.
Las otras dos personas que figuran en el expediente, como parte del grupo de 12 son de apellidos, Montoya y Abarca.
La Fiscalía agregó que ya recibió el informe del OIJ, sin embargo, “este es privado, por lo que no es posible dar detalles sobre el mismo ni otras informaciones del caso. Lo anterior, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.
