El medio digital CRHoy publicó este miércoles que la Fiscalía General de la República solicitó que se levante la inmunidad al presidente, Carlos Alvarado, y al exministro de la Presidencia, Victor Morales Mora, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Además, según el medio, la Fiscalía pide que haya una apertura a juicio contra ambos.
Ante la falta de un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, Noticias Columbia solicitó a la oficina de comunicación de la Fiscalía la posición oficial ante el tema; sin embargo, al cierre de edición no se había confirmado que se realizará la petición.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados defensores del presidente Carlos Alvarado aseguraron que no han sido notificados de la situación, pero que considerarían la acción como “precipitada”.
“La Fiscalía General de la República se precipitó a formular una acusación penal, cuando aún no se ha abierto y analizado toda la información que fue secuestrada: computadoras, teléfonos y llaves maya”, dijeron.
Además, agregaron que “llama la atención que la acusación no se formuló dentro del expediente que se abrió en el año 2020, donde se ha venido tramitando la investigación con la participación de la defensa.
En lugar de eso, al parecer, en este año se abrió un nuevo expediente, cuya existencia no conocía la defensa, donde no hemos tenido ninguna participación. Al parecer se abrió solo para formular ahí una acusación penal precipitada, carente de prueba y a espaldas de la defensa”.
Los abogados concluyen señalando que “en este caso no se ha cometido delito alguno, y estamos seguros de que así lo establecerán los tribunales de la República, en el momento oportuno”.
Desde otras instituciones reaccionaron a esta posibilidad. Una de ellas fue la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien dijo que colaborará con todo lo necesario en este caso.
La diputada liberacionista Franggi Nicolás expresó su satisfacción ante la posibilidad de juicio y pidió “aplicar justicia”.
El caso UPAD data del 2019, cuando se firmó el decreto para crear esta unidad. Presidencia argumentó que se trataba de recolección de información para la toma de decisiones, mientras que los opositores a la medida afirmaron que se utilizó para tomar datos sensibles de los costarricenses sin su consentimiento.
El 21 de febrero del 2020 se derogó el artículo que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Por este caso, el presidente Alvarado compareció en el 2021 ante la Asamblea Legislativa.
