El 28 de febrero del 2020 quedó en la historia del país cuando autoridades judiciales ingresaron a la Casa Presidencial por una investigación contra el entonces presidente Carlos Alvarado y otros funcionarios.

Tres años después del escándalo por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), judicialmente el asunto muestra poco avance en algunos aspectos y en otros luce estancado.

El 17 de febrero del 2020 se publicó en La Gaceta el decreto que creaba la UPAD. Ese fue el punto de inicio de una tormenta para el Gobierno del expresidente Carlos Alvarado.

El artículo 1, decía que la UPAD se creó “que ejercerá una función permanente de asesoría al Presidente de la República, fortaleciendo un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos”.

Alvarado aseguró que, para este fin, se pretendía recopilar información de instituciones estatales con el propósito de elaborar políticas públicas mejor fundamentadas.

Luego de que trascendiera el contenido del decreto, la administración enfrentó fuertes críticas y reproches, principalmente por el artículo 7 que obligaba a las instituciones a permitir el acceso de la UPAD a información incluso de carácter confidencial.

Tras la presión social y mediática, Alvarado anunció el 21 de febrero que derogaba el decreto.

Trámite judicial

Con los allanamientos a la Casa Presidencial se dio a conocer que se investigaba a Alvarado, así como al entonces ministro de la Presidencia y diputado, Víctor Morales.

Además, en el expediente figuraban otros funcionarios que trabajaron en UPAD y Presidencia.

La causa judicial se abrió por los presuntos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), abuso de autoridad y violación de datos personales.

Durante las diligencias, los agentes del OIJ se llevaron documentación, así como los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de los implicados.     

El abogado Ewald Acuña, defensor del exministro Morales, confirmó que tres años después, aún no se ha podido revisar el contenido de los aparatos.

Caso dividido en dos

El 1 de febrero del 2022, con un expediente derivado de la causa inicial, el entonces fiscal general interino, Warner Molina, presentó una acusación únicamente contra el expresidente Carlos Alvarado y el exministro y exdiputado Víctor Morales, quienes eran miembros de los Supremos Poderes.

Les atribuía los delitos de Prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley), Fraude de Ley y abuso de autoridad. 

Ante el lento avance del proceso y las dificultades para analizar la evidencia electrónica. La Fiscalía General lo que hizo fue dividir el caso en dos.

En una parte acusó a Alvarado y Morales por los hechos relacionados únicamente con la elaboración y promulgación del decreto ejecutivo que creó la UPAD.

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Por separado, el Ministerio Público continuó con la investigación para determinar si la UPAD incurrió o no en violación de datos personales de los habitantes. En esa parte, además de Alvarado y Morales, figuran los demás implicados en el caso. 

Para avanzar con estas pesquisas, era necesario revisar el contenido de los aparatos electrónicos decomisados, sin embargo, los abogados de Alvarado y otros defensores objetaron la forma en que el Ministerio Público pretendía hacer la inspección.

La Fiscalía proponía ver todos los archivos, mientras que la defensa quería que se usaran filtros de búsqueda para que solo se analizaran archivos relacionados con UPAD.

Los abogados Roger Guevara y Rodolfo Brenes, alegaron que no se debía acceder a archivos ajenos al proceso o a información sensible y propia del cargo del Presidente de la República. Incluso expresaron su preocupación de que se filtraran datos.  

A lo largo de todo el proceso, los abogados han insistido en que Alvarado dará todas las explicaciones necesarias, que no cometió ningún delito ni hubo ilegalidades en sus actuaciones.

La Fiscalía trasladó la acusación a los magistrados de la Sala III para que estos, a su vez, la examinaran y la trasladaran a la Asamblea Legislativa con la solicitud de levantar la inmunidad de los imputados. Sin embargo, el asunto no llegó al Congreso.

Cambios y demoras

El pasado 24 de enero, Noticias Columbia dio a conocer que el nuevo fiscal general, Carlo Israel Díaz, analiza reformular la acusación contra Alvarado y Morales por el caso UPAD.

Asegura que el documento anterior estaba hecho para el contexto en el que ambos eran miembros del Poder Ejecutivo y tenían inmunidad.

Tras dejar los cargos, el 8 de mayo del 2022, el asunto pasa a la vía ordinaria. De esta forma, ya no sería visto por el Fiscal General directamente, ni por la Sala III.

El expediente lo asume la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se tramita ante un Juzgado Penal.  

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Esto permite también que se llame a indagatoria a Alvarado y Morales. De ahí podrían salir elementos nuevos para el caso.

Con este panorama, Díaz afirmó que el Ministerio Público no descarta hacer una nueva acusación que sustituya la anterior hecha por Warner Molina. De esta forma, el Fiscal General sostiene que el caso UPAD podría considerarse nuevamente en fase de investigación.

Los abogados del expresidente Alvarado criticaron la decisión, pues, unos días antes, habían solicitado públicamente a la Fiscalía que agilizara el proceso de UPAD.

Roger Guevara y Rodolfo Brenes manifestaron que el expresidente fue acusado hace un año pero que aún no lo indagaban. Solicitaron que el expediente se envíe al Juzgado Penal para que se realice una audiencia preliminar.

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El abogado Ewald Acuña, defensor del exministro Víctor Morales, también ha dicho que su representado no incurrió en irregularidades.

Además, ha estado anuente a que la Fiscalía inspeccione los aparatos electrónicos de la forma que considere oportuna.

Este lunes 27 de febrero, en entrevista en el programa Por Tres Razones, de Radio Columbia, comentó que la revisión de los celulares decomisados al exmandatario Alvarado es uno de los puntos que provocan el lento avance del caso.

Es por esto que, pese a que la información ya está en el Ministerio Público, no se ha podido ver el contenido.

Para Acuña, es improcedente el argumento de que en los teléfonos hay información ajena al caso, que no debe ser revisada.

Ahora, se debe esperar a que la Fiscalía defina si presentará una nueva acusación por el caso UPAD y si unirá de nuevo la causas relacionada con el decreto y la de supuesta violación de datos personales.