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Carlos Alvarado partirá a EE.UU. ¿Cómo hará frente al caso UPAD?

by Alejandro Arley

Noticias Columbia consultó a los abogados del exmandatario qué pasará con las diligencias judiciales pendientes en el caso de la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), entre ellas, la indagatoria que debe realizar la Fiscalía.

El pasado martes, la Universidad Tufts, ubicada en Boston, anunció a Carlos Alvarado Quesada como profesor en materia de diplomacia de países pequeños, en la facultad de Fletcher. También será miembro de un centro de investigación sobre digitalización, comunicación y diplomacia pública.

Esto implica que el político se trasladará a los Estados Unidos para ejercer sus nuevas funciones profesionales.

Al expresidente de la República lo representan los defensores Roger Guevara y Rodolfo Brenes. Ante la pregunta de este medio, enviaron una breve respuesta por escrito. Sin dar detalles sobre cómo se atenderá el proceso judicial en estas condiciones, afirmaron que su cliente cumplirá con todo lo que se requiera.

“Toda diligencia que pudiese surgir se atenderá con absoluta responsabilidad y transparencia, como se ha hecho en todo momento. Tenemos plena certeza de que no se ha cometido delito alguno y nuestro cliente siempre ha estado y estará con la mayor disposición de colaborar con las autoridades”, expresaron.

¿De qué se le acusa?

El proceso se dividió en dos expedientes judiciales. En uno, se investigan los hechos relacionados con el decreto ejecutivo de la UPAD y el otro se enfoca en determinar si hubo o no violación de datos o información de los habitantes.

A inicios de este año, bajo el legajo de investigación 22-000006-033-PE, la Fiscalía acusó a Alvarado y al exministro de la Presidencia, Víctor Morales, por hechos relacionados específicamente con el trámite, la publicación del decreto y los fines que perseguía Presidencia con su entrada en vigor.

Les atribuyó los presuntos delitos de prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley), fraude de ley y abuso de autoridad.
Falta que finalice la investigación en torno al presunto delito de violación de datos personales que se atribuyó en el expediente 20-005434-042-PE. En esta misma causa está aún pendiente la revisión de los aparatos electrónicos de los imputados como celulares y computadoras.

La acusación sostiene que Alvarado, Morales y Luis Daniel Soto Castro, quien fungía como ministro a.i. de Mideplan (investigado en otro expediente), “de común acuerdo y con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos, suscribieron el decreto ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN” para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). El decreto se publicó el 17 de febrero del 2020 en La Gaceta.

Esto se hizo, según la Fiscalía, a sabiendas de que era contrario a la Constitución Política y la ley, “por cuanto en su artículo 7, obligaba a las instituciones de la Administración Central y Descentralizada a brindar acceso a toda información confidencial que fuera requerida por las personas” que conformaban la UPAD.

Lea también: Fiscalía: UPAD infringía legislación, no pasó por filtros legales y se fundamentó en un hecho falso

Como Alvarado y Morales eran miembros de Supremos Poderes su caso lo tramitaba la Fiscalía General y como jueces fungían los magistrados de la Sala III. Luego del 8 de mayo el asunto pasó a la vía ordinaria a cargo de la Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dentro de la jurisdicción Penal de Hacienda.

Defensa

A lo largo del proceso el expresidente y sus abogados han rechazado los cargos que le atribuye la Fiscalía y aseguraron que no se cometió ningún delito.

“Siempre estaré aquí para dar la cara, como Presidente o como ciudadano, frente a este tema u otro. Nunca voy a rehuir mis responsabilidades o los cuestionamientos y mi conciencia está dichosamente muy tranquila”, expresó en febrero pasado tras conocerse la acusación.

Un año antes, en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, dijo ante los diputados que la UPAD no se creó con fines inadecuados.

“Le pude decir a los costarricenses que a nadie se le espió, a nadie se le husmeó su información personal, nadie se hizo de un cinco con esto y se hizo en el marco del bloque de legalidad existente. Todo lo que se buscó hacer fue de buena fe, por profesionales, que le estaban dando lo mejor de su trabajo al país”, expresó.

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