Los defensores del exmandatario pidieron la semana anterior que se acelere el trámite de la causa judicial, pero el Fiscal General confirmó a Columbia que el asunto podría prolongarse.
Los allanamientos por el caso de la Unidad Presidencia de Análisis de Datos (UPAD) se realizaron en febrero del 2020.
El 1 de febrero del 2022, el entonces fiscal interino, Warner Molina, presentó una acusación contra el expresidente Carlos Alvarado Quesada y el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por hechos relacionados con el trámite, la publicación del decreto que creó la UPAD y los fines que perseguía Presidencia con su entrada en vigor.
Les atribuyó los presuntos delitos de Prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley), Fraude de Ley y abuso de autoridad.
Lea también: Fiscalía: UPAD infringía legislación, no pasó por filtros legales y se fundamentó en un hecho falso
El fiscal general, Carlo Israel Díaz, explicó a Noticias Columbia este martes, que esa acusación se hizo cuando los imputados eran funcionarios de Supremos Poderes pero que, al dejar el cargo en mayo del 2022, el proceso pasó a la llamada “vía ordinaria”.
Sostiene que el trámite “es completamente diferente” y por eso no descarta que se elabore una nueva acusación que deje sin efecto la anterior. Reconoce que ese proceso causaría una demora o prolongación en el trámite.
Mencionó incluso que, en este momento, la causa se considera en “investigación”, aunque hubiese ya una acusación de hace un año.
El Ministerio Público dividió el caso UPAD en dos partes. Por un lado está el proceso por el decreto ejecutivo y, por otro, la investigación que busca determinar si hubo o no violación de datos personales de los habitantes.
Esa última tiene un retraso mayor pues depende, en gran medida, de la revisión del contenido de computadoras y teléfonos celulares decomisados en el 2020.
¿Por qué una nueva acusación?
En el 2022 el Ministerio Público presentó la acusación contra Alvarado y Morales con la solicitud a Corte Plena de que la trasladara a la Asamblea Legislativa para que se levantara la inmunidad de los funcionarios.
Bajo este esquema, el caso lo veía directamente el Fiscal General de la República y los magistrados de la Sala III ejercían el rol de jueces.
Sin embargo, Alvarado y Morales dejaron sus cargos sin que el requerimiento del Ministerio Público llegara al Congreso. Al perder su fuero especial, el caso regresó a la vía ordinaria, es decir, lo asumía la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y se debe tramitar ante un Juzgado Penal.
“Lleva un procedimiento completamente diferente. Esa acusación a pesar de que se hizo, iba dirigida a Corte Plena para que ellos solicitaran el levantamiento de fuero, pero ya esa situación, al dejar ellos de ser miembros de los Supremos Poderes, deja de tener, por decirlo así, ese fuero especial y se retorna a la Fiscalía ordinaria”, expresó Díaz.
“Entonces esa acusación que se hizo… prácticamente se puede hacer (de nuevo). Incluso hay que indagar a esas personas porque ya ahora se va a tramitar por el procedimiento ordinario”, añadió.
El Fiscal General recalcó que al retornar a la vía ordinaria tienen que cumplirse todos los requisitos de esa jurisdicción, entre ellos la indagatoria. “Desde ese punto de vista, la acusación podría reformularse”, aseveró.
Pedido de la defensa
La semana pasada, la defensa del expresidente Carlos Alvarado pidió al Ministerio Público que agilizara el trámite del caso UPAD con la acusación que firmó el exfiscal Molina en el 2022.
“Don Carlos Alvarado dejó de ser presidente hace ya ocho meses y desde entonces, la Fiscalía no le ha dado trámite, no ha impulsado el proceso y no lo ha indagado”, expresó el abogado Roger Guevara.
“Al igual que cualquier otro ciudadano, don Carlos tiene derecho a una justicia pronta y cumplida y por eso hemos pedido que lo indaguen; que se mande el expediente con la acusación al Juzgado Penal, se realice la audiencia preliminar y se proceda conforme corresponde”, añadió.
El defensor calificó como “inexistente” el delito de prevaricato. Indicó que confía en la institucionalidad del Poder Judicial y en que pronto les permitan demostrar la inocencia de su cliente.
