La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó que el 18 de febrero interpuso una querella y Acción Civil Resarcitoria contra el mandatario Carlos Alvarado y el exministro de la Presidencia y actual diputado, Víctor Morales por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El pasado 1 de febrero, la Fiscalía acusó a Alvarado y Morales por la promulgación del decreto ejecutivo que creó la extinta Unidad. Les atribuye los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
La PEP informó dos días después que se constituía en querellante y que ejercería la acción civil, pero no aún no había detallado montos.
A criterio de la PEP, los hechos por los cuales presentó la querella constituyen el delito de prevaricato (dictar resoluciones contraria a la ley), por el dictado del Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)”.
La entidad considera que “con probabilidad” se hizo de forma “contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del Presidente y el ex Ministro de la Presidencia referidos”.
Por esa razón “se demanda civilmente el resarcimiento del daño social ocasionado con dichos hechos, y que asciende a una suma prudencial de veinte millones de colones (¢20.000.000), intereses, así como las costas correspondientes”.
“El siguiente paso en el proceso, consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, lo cual se realizará en la Fiscalía General”, añadió la entidad.
Posición de la defensa
Roger Guevara, uno de los abogados del presidente Carlos Alvarado, afirmó que en el caso UPAD “no se cometió delito alguno” y que así espera demostrarlo en el proceso judicial.
Añadió que no existe un daño social que justifique la querella y calificó de “absurdo” el monto que la Procuraduría presentó como Acción Civil Resarcitoria.
Guevara dijo que la PEP actúa de forma precipitada y “sin sustento probatorio”. Escuche aquí las declaraciones completas:
