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CNP defiende precios y calidad de alimentos vendidos a comedores estudiantiles

by Jose Adelio Murillo

La Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso continúa indagando el funcionamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que ha sido cuestionado en los últimos meses por la calidad y el precio de los alimentos que vende a instituciones como el Ministerio de Educación y la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Comparecieron Roxana Segura, Exon Rojas, Ronulfo Barboza y, Luis Elizondo, miembros del Comité y suplidores de productos al PAI, quienes expusieron cómo funciona el programa que abastece de alimentos a gran parte de los comedores escolares del país. 

Según los funcionarios, el sistema de abastecimiento cumple con todo el abasto y que garantiza a las instituciones y los consumidores la calidad de sus productos. 

Además, negaron la existencia de sobreprecios y aseguraron que el abasto es oportuno y que cada las son supervisadas por los encargados de los diferentes centros a los que suplen. 

El funcionario Luis Elizondo defendió así el Programa de Abastecimiento Institucional. 

Elizondo también defendió la manipulación del producto, higiene de los camiones, orden de la facturación y en la calidad del producto entregado. 

El diputado Carlos Ricardo Benavides refutó los argumentos de los funcionarios del PAI y manifestó que al tener un mercado grande fijo, es lógico que se opongan a abrir el sistema de proveeduría en las instituciones del Estado. 

El legislador resaltó el caso de la funcionaria Roxana Segura, proveniente de una familia en la que varios de los integrantes tienen carnicerías y todos le venden al programa, como intermediarios, ya que no producen ganado, sino que lo compran.  

Según el liberacionista, solo por el Estado estas empresas obtienen ingresos de 1.700 millones de colones anuales, como intermediaria y sin producir nada.

En la comparecencia también se cuestionó el supuesto trato desigual a algunos de los suplidores de productos, la concentración de las compras y uso de criterios políticos a la hora de asignar los porcentajes a los diferentes grupos.

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