En la Asamblea Legislativa se analizan dos créditos que recibiría el país por parte de organismos internacionales.
El primero es un préstamo por €150 millones de euros por parte de la Agencia Francesa para el Desarrollo, para promover la construcción sostenible, que utiliza materiales de bajo carbono como madera, bambú y materiales reciclados.
El segundo es un empréstito por $300 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para gestionar las finanzas públicas del país.
La aprobación de estos recursos afectará la aplicación de la regla fiscal, de acuerdo con la contralora general, Martha Acosta.
De incorporar estos créditos, se estarían pasando los límites de la norma fiscal.
La contralora considera que el financiamiento de organismos internacionales tiene mejores condiciones que el que se consigue en el mercado interno. Sin embargo, es necesario utilizar adecuadamente los recursos.
La diputada Shirley Díaz cuestionó la frecuencia con que se presentan nuevos créditos para que los legisladores los aprueben.
Por otra parte, la diputada Ana Lucía Delgado cuestionó que en los empréstitos se aparte un 10% de recursos para la Caja Costarricense del Seguro Social, pero el dinero no se ha terminado de trasladar a la institución.
La Contraloría no está verificando que se trasladen los recursos acordados a la CCSS, pero esperan realizar una auditoría al respecto.
Acosta considera que existe una mejora de los ingresos corrientes del gobierno al término del año anterior. La mejora comentó se da por factores como es la ampliación del impuesto sobre la renta.
