Proyecto impulsado por Villalta y FA y apoyado por Gobierno busca cerrar portillos legales que permiten el regalo de la riqueza atunera a embarcaciones extranjeras, que pagan montos muy por debajo de su valor real.
Con 52 votos a favor, los diputados aprobaron, en segundo debate, el proyecto para recuperar la Riqueza Atunera. Según sus proponentes, el proyecto busca cerrar portillos legales que permiten el regalo de la riqueza atunera a embarcaciones extranjeras, pagando montos muy por debajo de su valor real.
Además, busca fomentar la creación y el desarrollo de una flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas u otras maneras de organización asociativa de economía social.
El diputado del Frente Amplio, Ariel Ortega, celebró esta aprobación y puntualizó en que es devolverme la esperanza a los pequeños pescadores, que se verán favorecidos con la iniciativa.
“Estoy sumamente contento de que se votara el proyecto para recuperar la riqueza atunera. Es un proyecto que trae justicia, que trae justicia para diferentes actividades pesqueras que requieren acceso a esta riqueza atunera. Para las finanzas de nuestro país es que se dejen de pagar ‘cánones’ ridículos, que han estado regalando el atún por años”, explicó Ortega.
“Finalmente vamos a tener mayor justicia sobre lo que se paga por el atún. Permite que se trabaje un proyecto de reactivación económica en una de las zonas más pobres de nuestro país”, agregó.
LA PROPUESTA BENEFICIA A EMBARCACIONES PEQUEÑAS.
La propuesta aumenta de 12 a 80 millas el área de protección para la pesca de atún de forma regulada y crea incentivos para que los barcos industriales y semiindustriales entreguen el producto en la industria nacional.
Además se obliga al Incopesca a realizar los estudios necesarios para crear, mediante un fideicomiso, una flota atunera nacional “con artes de pesca debidamente calificados y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial”..
También exige al Poder Ejecutivo suplir ese fideicomiso con ¢4.000 millones en un periodo de cuatro años, a través de transferencias vía Presupuesto Nacional.
