¿Cómo se originó? ¿Cuáles fueron los hallazgos de la Fiscalía? ¿Cuál es el estado actual de la causa judicial? Aquí le contamos todo de forma resumida.
El 14 de junio del 2021, 600 agentes judiciales y 60 fiscales participaron en 57 allanamientos en lugares como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Casa Presidencial y las empresas MECO y H. Solís para investigar presuntos actos de corrupción en contrataciones de obras públicas.
Las autoridades judiciales sostienen que, mediante sobornos, favores y regalías, funcionarios de entidades públicas beneficiaron a las empresas privadas.
El caso se conoció policialmente como Cochinilla, según el OIJ, en alusión a un insecto. Así se llama a esta plaga que se encuentra oculta en puntos oscuros de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectada con facilidad.
Al cumplirse un año de los amplios operativos policiales, Noticias Columbia conversó con el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Glen Calvo, para hacer un recuento. A título personal, no duda en calificar el caso como el más grande que se ha tramitado en cuanto a posibles elementos de corrupción en el país.
El origen
Entre el 2018 y el 2019 las autoridades judiciales recibieron denuncias confidenciales con respecto a lo que ocurría con contrataciones de obra pública. Se mencionaban presuntos arreglos con empresas privadas y supuestas deficiencias en proyectos.
Según Calvo, las denuncias referían la supuesta existencia de carteles amañados o “hechos a la medida” de algunas empresas y que había un duopolio en las contrataciones, es decir, las obras recaían principalmente en dos compañías.
Con estas noticias comenzó el trabajo en conjunto con el OIJ. El caso comenzó con apenas dos fiscales y dos investigadores.
Con el paso de los meses y el trabajo de inteligencia policial, se desarrolló la teoría que de que había una estructura criminal.
En el operativo de hace un año se detuvo a 32 personas, entre ellas a Carlos Cerdas, dueño de la empresa Meco y a Mélida Solís, propietaria de H. Solís. También a un hombre de apellido Solís, exgerente financiero del Conavi y una mujer de apellido Madrigal, directora de Proveeduría.
Actualmente el número de imputados es de 82, de los cuales 27 tienen medidas cautelares pero ninguno está en prisión preventiva. Además, se investiga a 17 sociedades o empresas.
¿Qué se investiga?
El fiscal explicó que la Fiscalía registra 60 eventos, es decir, hechos que están debidamente determinados en la investigación y sobre los cuales se ha recopilado pruebas.
Para efectos prácticos, Calvo dividió el proceso de contratación de obras en cuatro etapas:
-La licitación u oferta donde participan las empresas que reúnen los requisitos solicitados en el cartel.
-Escogencia de la empresa.
-Desarrollo del proyecto.
-Entrega de la obra.
“La estructura que nosotros investigamos está presente en todas las etapas de estas contrataciones administrativas con el Estado. ¿De qué manera? Arreglando los carteles, arreglando las contrataciones, arreglando pagos, acelerando pagos, acelerando la entrega de obras…la revisión de obras”, explicó.
Se investiga también si se entregaron obras con deficiencias que fueron recibidas de esa forma por el Gobierno.
Esquema de sobornos
La investigación del Ministerio Público analiza pruebas documentales, testimoniales y de intervenciones telefónicas para determinar cómo presuntamente funcionarios públicos recibían dádivas de empresas privadas a cambio de favores o ayudas con la adjudicación de contratos y otros beneficios relacionados a proyectos viales.
El fiscal explicó que se definieron dos formas de presuntos sobornos:
- Influencia sobre los funcionarios públicos mediante regalos o dádivas.
- Una especie de “reclutamiento”.
En este segundo punto, se detectó que trabajadores públicos realizaban acciones como si fueran personal anexo a las empresas privadas.
“No necesariamente se les entregaba dinero directamente por el acto recibido, sino que era un dinero que se les entregaba por todo el trabajo realizado a través de todas las licitaciones en las que participaban”, indicó el fiscal.
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Las intervenciones telefónicas
Al tratarse de un caso de crimen organizado, se autorizaron escuchas telefónicas de las personas sospechosas.
La intercepción de las comunicaciones permitió a la Policía Judicial detectar contactos y aparentes acuerdos irregulares entre los trabajadores públicos y privados de diversas empresas.
El expediente del caso detalla que un hombre de apellido Arce, presuntamente servía como intermediario entre las compañías y los funcionarios del Conavi que aceptaban o pedían los sobornos.
De las conversaciones más sonadas están unas en las que se mencionaba que varias empresas financiaron, en el 2019, parte de una fiesta de fin de año de trabajadores del Conavi. Carnes, licor y dinero se incluyeron en el trato.
Más allá de eso, las supuestas dádivas en el caso Cochinilla incluyeron dinero, pagos de almuerzos, botellas de licor, pagos de gastos en viajes dentro del país, transporte de compras personales y hasta una máquina caminadora, entre otras. Habla el director del OIJ.
Controversia
Con base en una resolución judicial dictada en una de las audiencias del caso Cochinilla, varios de los abogados defensores consideran que, desde octubre del 2019, está derogado el artículo 2 de la Ley contra Crimen Organizado.
Alegan que eso vuelve “irregulares” las intervenciones telefónicas hechas después de esa fecha y por ende no podrían ser utilizadas como evidencia. El abogado Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas, afirmó que la causa incluso debería archivarse.
El fiscal Glen Calvo explicó que el caso Cochinilla se declaró como crimen organizado tras una solicitud bien fundamentada. Añadió que la declaratoria se encuentra firme, que fue dada en el tiempo específico y sin vicios de legalidad.
“Si esto no fuera así, en su momento procesal oportuno, el caso básicamente se hubiera cerrado que era creo la lucha de la defensa, pero no es cierto que se haya declarado ineficaz esta resolución ni las intervenciones telefónicas”, agregó.
Calvo dijo que las intervenciones telefónicas, por si solas, no son la piedra angular del caso Cochinilla. Sostiene que hay múltiples evidencias documentales, pruebas periciales, electrónicas y testimonios que pueden respaldar la investigación.
Los empresarios
De las 27 personas con medidas cautelares, las que tuvieron las medidas cautelares más fuertes fueron los empresarios Cerdas y Solís. Ambos estuvieron en prisión preventiva hasta marzo de este año.
Actualmente están en arresto domiciliario con monitoreo electrónico y tuvieron que pagar una fianza millonaria.
La Fiscalía apeló la decisión al considerar que la resolución que permitió la salida de los empresarios de la cárcel no estaba bien fundamentada. La audiencia se efectuará en próximos días.
Calvo aclaró que no tiene reportes de que los imputados hayan infringido de alguna forma las medidas cautelares impuestas.
Escuche aquí parte de un trabajo especial que presentamos en nuestras ediciones de Noticias Columbia. En esta entrega resumimos la posición de los defensores de Cerdas y Solís.
