Según las revisiones hechas por el Gobierno, hay 78 personas que reciben pensiones de lujo como exdiputados que superan los montos máximos fijados por la ley.
En ese marco, se anunció que se llevará adelante un proceso legal para poder aplicar los límites que ya ha reconocido la Procuraduría General de la República desde el 2020.
En teoría, el máximo para esos pagos es equivalente al salario de un diputado -cerca de ¢4 millones-, pero algunos superan los ¢8 millones mensuales.
El camino ahora será una revisión judicial mediante un trámite llamado “proceso de lescividad”. “vamos a ir hasta las últimas consecuencias en el marco legal de Costa Rica”, afirmó el presidente Rodrigo Chaves.
De momento, el Ministerio de Trabajo prepara un expediente de cada político.
“El Ministerio de Trabajo hace un file de cada una. Hace un análisis de cada una de estas que ya realmente está avanzado”, dijo la Ministra de Trabajo, Marta Esquivel.
“Es un proceso judicial donde el Estado reconoce que se equivocó, que tomó una decisión incorrecta, que generó un derecho. Es el juez el que va a venir a validar que efectivamente lo que dice la Procuraduría es correcto y que sí había un tope para las pensiones de diputados”, agregó.
El presidente Chaves adelantó algunos nombres.
“Estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malavassi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera; Ana Sedy Espinoza Vargas, Luz María Díaz Rocha con pensiones de lujo de ¢8.146.000 por mes”, dijo.
“Hernán Azofeifa Víquez, Francisco Morales Morales, Alvaro Montero Mejía por pensiones de lujo de ¢8.085.000 por mes”, complementó.
A ellos sumó otros nombres como Danilo Chaverri, Rolando Laclé, Mario Charpantier y Rogelio Ramos; que están con montos entre ¢5 y ¢7 millones según el mandatario.
La lista completa es esta:
Revisión también en Trabajo
Mientras se avanza en el trámite judicial, también se hacen revisiones internas en el Ministerio de Trabajo para sentar responsabilidades en quienes aprobaron los pagos.
"Estamos consultándole a la auditoría interna si existiría alguna responsabilidad de los funcionarios que en su momento no tomaron decisiones porque eso le hubiera ahorrado dinero al erario público", aseveró la Ministra Esquivel.
