El fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez, aseguró que se necesita mayor acceso para que las autoridades judiciales identifiquen qué sucedió, cuáles son las vulnerabilidades y las posibles soluciones.
Ramírez explicó que en este tipo de delitos es muy complicado dar con los autores pues las redes pueden actuar desde el exterior y que cuando hacen cobros por las extorsiones piden criptomonedas de manera que no se pueda conocer quién las recibe.
Sin embargo, considera que la investigación de OIJ y Fiscalía es de gran utilidad porque permite ir detectando cuáles son los mecanismos utilizados por los delincuentes. Añadió que si no hay posibilidad de encontrar a los autores, al menos se pueden poner mecanismos de ciberseguridad ante nuevas amenazas.
“Tenemos que adelantarnos y la única manera es que nuestros muchachos ingresen a los sistemas, se les esté dando la información que se pida y haya apertura, porque hemos tenido problemas con eso”, dijo en el programa Frecuencia MP que se transmite los lunes a las 11:00 a.m. en Radio Columbia.
“Tiene que haber apertura. Hay instituciones que han sido atacadas y definitivamente no quieren dar información”, recalcó sin detallar cuáles son las entidades ni cuáles consecuencias podrían enfrentar.
Ramírez hizo la analogía con la pandemia al mencionar que, en estos delitos informáticos, una vez identificado “el virus” se puede desarrollar la inyección para combatirlo.
Desde el 18 de abril varias instituciones públicas han sido blanco de ataques a sus sistemas informáticos. En algunas se vulneró el sitio web y en otras se ha extraído información o se ha encriptado, es decir, se codificó para que nadie pueda acceder a ella.
El fiscal adjunto explicó que en un evento de hackeo podrían configurarse delitos como sabotaje y espionaje, entre otros, dependiendo de la forma en que se desarrollen los hechos.
