La Fiscalía pidió desestimar una causa contra la diputada Floria Segreda, quien fue denunciada por un presunto tráfico de influencias.
Los hechos iniciales se remontan a febrero de 2019, cuando la diputada habría enviado un correo electrónico al director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, pidiendo que no se tramitara un embargo a su salario por ¢26 millones de colones.
El embargo había sido dictado en diciembre para cubrir una condena en un proceso penal por la venta de una vivienda, según publicó en su momento el diario digital CRHoy.
Sin embargo, la legisladora de Restauración Nacional, indicó en su momento que se estaba a la espera de una resolución a su favor donde cancelaban el embargo.
Fue entonces cuando el director ejecutivo del Congreso confirmó por correo que había procesado la solicitud de la diputada. Por su actuar, se recibió una denuncia contra Segreda.
No obstante, tras revisar los hechos y las pruebas que la Fiscalía recabó cuando allanó el despacho de la diputada, el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, pidió la desestimación.
Para el fiscal, no existieron órdenes para detener el embargo al salario de la congresista, sino que los funcionarios legislativos probablemente inducidos en error, decidieron no aplicar el embargo a Segreda durante el primer mes.
El fiscal considera que la diputada hizo la solicitud mediante las vías legales como cualquier otra persona asalariada y sin valerse de su cargo, y por ende no hubo delito.
Por eso la diputada se manifestó satisfecha con la decisión de la Fiscalía.
Segreda también cuestionó las consecuencias del actuar del Ministerio Público.
Fue a finales de diciembre cuando el fiscal general interino solicitó a la Sala Tercera la desestimación y la notificación fue enviada a la diputada este miércoles.
Los magistrados en materia penal no han resuelto la petición para desestimar el caso contra Floria Segreda, según confirmaron de la Corte Suprema de Justicia al diario La Nación.
