Casos de golpizas, agresiones con armas, amenazas, robos, daños a la propiedad o el suministro y venta de drogas deben ser puestos en conocimiento del Ministerio Público o el OIJ. Educadores y autoridades de los centros están obligados a denunciar inmediatamente cuando estén al tanto de los hechos.
Se trata de situaciones que, por el daño o perjuicio causado a las víctimas, podrían considerarse delitos o contravenciones en caso de que sean faltas de menor gravedad.
La fiscal adjunta Rocío de la O Díaz (en la foto), se refirió a escenarios que ocurren en los centros educativos, tal es el caso del acoso, matonismo o bullying.
Actualmente hay diversas manifestaciones de violencia como la física, a través de golpes o enfrentamientos. También la verbal con intimidaciones, amenazas o actos de discriminación. A través de medios digitales, como las redes sociales, se da el cyberbullying.
A estos casos se suman hechos como sustracción de bienes o daños a las pertenencias.
La funcionaria comentó que no solo las agresiones físicas son susceptibles de denuncia. Las declaraciones las dio en el programa Frecuencia MP que se transmite los lunes en Radio Columbia.
De la O recordó la obligación que tienen los educadores o el personal de las instituciones educativas de acudir a la Fiscalía o el OIJ si están en presencia de hechos delictivos.
La Fiscal explicó que la ley prevé sanciones para los trabajadores de centros educativos que conozcan de hechos de violencia y no los denuncien.
La obligación de denunciar también recae para los hechos en que se constata la venta o suministro de drogas en centros educativos.
En una próxima entrega hablaremos sobre qué ocurre cuando los docentes se dan cuenta de que los menores son agredidos en sus casas u otros entornos.
