Portada » Llevar drogas a cárceles mandó a más de 500 personas a la Fiscalía en 2022

Llevar drogas a cárceles mandó a más de 500 personas a la Fiscalía en 2022

by Alejandro Arley

La ley establece fuertes sanciones para quien intente o logre meter sustancias ilegales a centros penitenciarios.

El Ministerio de Justicia aún se mantiene tabulando los datos de diciembre, pero con la estadística de 11 meses, registró 536 casos; 290 de hombres y 246 de mujeres.

Introducir o tratar de introducir drogas a las cárceles es un delito y por eso, las personas que incurren en estas acciones son detenidas y remitidas al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El abogado penalista y exjuez, Ewald Acuña, explicó que las posibles sanciones se establecen en el artículo 77 de la “Ley sobre sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado”.

“Establece una pena de ocho a 20 años (de cárcel) a la persona que introduzca en establecimientos penitenciarios, drogas de las no autorizadas, sean tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. Normalmente se trata de marihuana, cocaína o crack”, dijo.

“Cuando la persona es detenida introduciendo la droga al centro penitenciario (en el proceso de ingreso), el delito queda en grado de tentativa, de manera que, en ese caso, existe la posibilidad, a criterio del Tribunal de Juicio que vaya a fijar la sentencia, de disminuir la pena más allá del parámetro mínimo de los ocho años”, añadió.

El Ministerio de Justicia ha detectado casos de mujeres que son presionadas a  llevar drogas a centros penales, pues se aprovechan de su condición de vulnerabilidad social o económica.

También se dan casos de personas que son coaccionadas o amenazadas para hacer las entregas. La normativa contempla este tipo de hechos.

“La misma ley establece en su artículo 77 bis, la posibilidad de reducir esa pena de prisión entre 3 y 8 años cuando el autor sea una mujer y se encuentre en una condición de vulnerabilidad o sometida a una forma de coacción. Además, se le disminuye la pena a quien realice esa conducta encontrándose en condición de pobreza”, detalló Acuña.  

El abogado comentó que al ser un delito que tiene una pena mínima alta, las posibilidades de algún beneficio son reducidas.

“En el caso normal, donde no hay exclusiones, no existen posibilidades de soluciones alternativas, ni conciliaciones, ni reparación del daño, ni suspensión del proceso a prueba, sino que la única posibilidad que quedaría sería el procedimiento abreviado, por el cual, la persona acepta los hechos y se le puede disminuir la pena en un tercio con respecto al mínimo”, indicó.

En el caso de las personas en condición de vulnerabilidad, como la pena va de tres a ocho años, podrían establecerse como penas alternativas el arresto domiciliario, la libertad asistida o el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.    

La ley también castiga a los funcionarios que ingresen o intenten ingresar con drogas a las cárceles.

El ministro de Justicia, Gerald Campos, dijo a Noticias Columbia que se están investigando las actuaciones de 89 policías por presuntos hechos irregulares, entre ellos, meter droga o artículos prohibidos a las cárceles.

El jerarca lamenta que uniformados incurran en hechos ilegales pero afirmó que esto ocurre cuando personas, oficiales o particulares, se olvidan de los principios y valores.

“No podemos evitar que alguien, sea policía o no, funcionario de cualquier otra institución o inclusive personas del ámbito privado, decidan delinquir. Entonces si una persona cambia, me alegra saber que tenemos la capacidad para detectarlo y presentarlo con un informe al Ministerio Público y que asuma las consecuencias”, aseveró el jerarca.  

Mujeres afectadas

Durante el período final del año 2022, aumentó la cantidad de mujeres que fueron sorprendidas cuando ingresaron a centros penales con drogas.

Detención de mujer en un centro penal en setiembre del 2022.

En noviembre, por ejemplo, hubo 36 casos de mujeres y 12 de hombres. Los datos de diciembre se mantienen en proceso.

Esa situación preocupa a las autoridades porque, de acuerdo con las investigaciones, muchos de los casos se dan porque son reciben presión o son engañadas para cometer el delito.

La exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada, Marcela Guerrero, comentó que la situación refleja que en los centros penales hay una demanda de este tipo de sustancia que requiere las intervenciones de las autoridades penitenciarias.

“Lo que me parece fundamental en el debate público, es visibilizar, que hay una economía que mueve el mercado de las drogas y que utiliza personas que entran en la distribución, en este caso, personas vulnerables por situaciones… sea por necesidad económica, sea porque no tiene la información o formación para poder discriminar los riesgos a los que se está enfrentando, sea por desigualdad, su condición de vida o a la violencia que vive”, amplió.

Otro punto es que, bajo este esquema, las mujeres son utilizadas por criminales.

“Considero que muchas de estas mujeres por algunos casos que se conocieron, cuando estuve cerca de esta problemática, son casos en donde incluso desde su niñez… el abandono, la negligencia, familias que generacionalmente están sometidas al consumo de las drogas, pues lleva a una persona a incluso normalizarlo”, expresó Guerrero.

La exministra explicó que cuando se detectan casos en los que una mujer pudo ser obligada o presionada a llevar droga a una prisión, el Inamu tiene cómo apoyarla.

“Cuando una mujer es sancionada penalmente hay un sistema de seguimiento en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz y cada caso es valorado”, destacó.

Escuche aquí la entrevista completa con la exministra:

El Ministerio de Justicia está recopilando los datos de diciembre del 2022, pero este es el reporte estadístico de personas particulares detenidas por ingresar con drogas a las cárceles del país. Los datos no incluyen los casos de funcionarios penitenciarios o de otras instituciones públicas.

Notas Relacionadas

Leave a Comment

@2023 – Todos los Derechos Reservados. Diseñado y Desarrollado por Wolksoftware

Políticas de privacidad Políticas de privacidad