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Conozca los argumentos de la jueza que prorrogó la prisión preventiva contra dueños de MECO y H.Solís

Noticias Columbia conoció detalles de la resolución de la jueza Juliana Jiménez Alpízar, quien dictó cinco meses más de prisión preventiva contra los empresarios. Foto: Noticias Columbia.

A Mélida Solís y Carlos Cerdas se les atribuye su presunta participación en un esquema de sobornos a funcionarios públicos con el fin de asegurar contratos de obras viales, agilizar el pago de facturas y tener acceso a información privilegiada o confidencial.

En la causa además se investiga una presunta malversación de fondos en el Conavi que el OIJ estimó inicialmente en 78 mil millones de colones. Se indaga si se tomó dinero de partidas para trasladarlo a proyectos de las empresas cuestionadas.

Estos son algunos de los elementos que Jiménez tomó en cuenta para resolver:

Evidencia de llamadas telefónicas

En el caso de Mélida Solís, la juzgadora consideró que no se ha desvirtuado el contenido de las escuchas telefónicas en las que ella llama directamente para las diligencias de pago de facturas.

Señala que de la investigación se ha desprendido que Solís también interfirió en funcionarios públicos para favorecer a su empresa. Cita como ejemplo que influyó en una persona de Conavi para que a través de dádivas, brindará información sensible a un tercero sobre temas de pagos y presupuestos de la administración pública.

La jueza determinó que se mantienen peligros procesales como el riesgo  de fuga, obstaculización y continuación delictiva.

La defensa de Mélida Solís presentó un incidente de enfermedad que está pendiente de resolverse. Se alega que tiene una condición delicada de salud, que actualmente se está agravando y que no puede ser atendida adecuadamente en la cárcel.

Esta situación es distinta a la solicitud de cambio de medidas cautelares. Dependiendo de los dictámenes médicos, los abogados podrían pedir que a Solís se le traslade a un sitio más adecuado para tratar su padecimiento, como puede ser un centro de salud o  la vivienda. 

Caso MECO

Según la resolución, en las investigaciones se ha vinculado a Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO.  

Se le atribuye que tenía el conocimiento y voluntad de haber entregado las dádivas a los funcionarios públicos por medio de su grupo gerencial y que con esto se obtenía un beneficio ilegal para la empresa, en cuanto a tener información privilegiada de proyectos y ocultar posibles fallas en las construcciones otorgadas por la administración pública.

La jueza citó ejemplos de llamadas telefónicas entre terceros que están en el expediente y podrían acreditar que Cerdas tenía conocimiento de las dádivas.

También mencionó que no ha variado el peligro de obstaculización del proceso, dado que faltan testigos que entrevistar y diligencias que realizar.

La defensa de Carlos Cerdas planteó que un informe del OIJ no deja claro el supuesto daño al Estado por el caso Cochinilla y que la acción civil lo cuantifica en un monto muy inferior al estimado inicialmente.

En ese sentido la jueza resolvió que el delito que se está investigando no solo se mantiene como daño al patrimonio público, sino también, que es un tipo de delito que afecta varios bienes jurídicos tutelados como las funciones públicas, por lo que sigue siendo un monto considerable que afectó los intereses estatales.

La resolución menciona que la defensa ofreció una caución real o garantía de 7 millones de dólares pero la juzgadora externó que a pesar de eso, dadas las circunstancias, no es posible variar la medida cautelar impuesta.

Posición de la defensa

El abogado Erick Ramos, defensor de Cerdas, calificó la decisión del Juzgado como un adelanto de pena en contra de su cliente. 

Ramos fue crítico con la supuesta malversación de fondos. Explicó el OIJ no ha determinado claramente el supuesto daño al Estado, que el monto en la acción civil es menor y que además el asunto no tiene relación con su representado.

Por esta razón, afirma que el punto no se podía usar como justificación para prorrogar la medida cautelar.

Ramos aseveró que su cliente, de estar en libertad no podía obstaculizar el proceso puesto que el OIJ y la Fiscalía ya decomisaron toda la información relacionada con el caso. 

El abogado de Mélida Solís, Erick Gatgens, considera que la resolución que prorroga el encarcelamiento por cinco meses, carece de sustento y es muy escueta. 

Gatgens también señaló que la jueza no tomó en cuenta el informe de un perito del OIJ relacionado con la supuesta malversación de fondos. La defensa alega que el monto no está claro y que además no se puede relacionar que H.Solís se haya visto beneficiada por ese hecho. 

El representante legal también se refirió al incidente de enfermedad y por qué fue presentado. 

En cuanto a las llamadas, el pasado 22 de octubre Gatgens dijo a Noticias Columbia que las escuchas telefónicas actualmente solo pueden servir para orientar la investigación pero que por sí mismas no constituyen un medio de prueba definitivo.  "Requieren una verificación, una validación y eso, a la fecha, no se ha podido hacer", añadió.

Los defensores de los empresarios confirmaron que en los próximos días van a recurrir la resolución, es decir que la apelarán ante una instancia superior, en este caso, el Tribunal de Juicio de Goicoechea.