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Celdas judiciales están a máxima capacidad y centros penitenciarios no pueden recibir más privados de libertad

Entre 220 y 235 personas permanecen en celdas judiciales, a la espera de ser trasladadas a un centro penitenciario para cumplir con la prisión preventiva. Sin embargo, las cárceles del país tienen una semana sin recibir nuevos ingresos por falta de espacios. (Fotografía OIJ)

Algunos detenidos tienen más de 20 días o casi un mes sin que se les asigne un espacio en el sistema carcelario, pese a que la Sala Constitucional estableció en 72 horas el periodo máximo de traslado de un indiciado hacia un centro penitenciario. 

El secretario general del OIJ, Flavio Quesada, señala que la saturación de las celdas judiciales permanece en todo el territorio nacional. 

Las consecuencias del hacinamiento en celdas judiciales son el crecimiento de casos de covid-19 tanto en los aprehendidos, como en los funcionarios judiciales. 

Otra de las consecuencias es que, en los reclusorios se mezclen privados de libertad que deben permanecer separados. 

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Jose Poveda, representante sindical de los policías judiciales, asegura que tienen el mandato de seguir ingresando reclusos en los recintos judiciales, a pesar de la gran aglomeración. 

El hacinamiento de personas recluidas en celdas judiciales no solo afecta las funciones del OIJ, sino que también pone en riesgo otros procesos de juicios y audiencias. 

En el Organismo de Investigación Judicial afirman que han acudido a todo tipo de instancias, sin obtener soluciones. Aunque la llegada de nuevos detenidos no se frena. 

Problemas de gestión en cárceles

El Ministerio de Justicia es quien está a cargo de recibir a los indiciados para que cumplan la prisión preventiva en un centro penitenciario. 

La entidad reconoce la problemática y dice que el cuello de botella se evitaría, si se le permitiera usar la totalidad de sus instalaciones.

Debido a la pandemia, la Dirección General de Adaptación Social optó por adecuar temporalmente gimnasios y otras instalaciones similares, para que las personas que provienen de celdas judiciales hagan 14 días de aislamiento preventivo por covid-19.

No obstante, diversas órdenes judiciales han prohibido esa práctica, restando el margen de acción para soluciones. 

A esto se suma 10 cierres de centros penitenciarios por orden de jueces y las órdenes sanitarias por casos positivos. Solo existe una única cárcel habilitada, pero tiene un 94% de hacinamiento.

Por eso la jerarca de Justicia, Fiorella Salazar, insiste a los juzgados de ejecución de la pena, que autoricen trasladar a los detenidos de celdas judiciales a instalaciones temporales. 

Para intentar contrarrestar las órdenes judiciales y volver a utilizar espacios provisionales para recibir indiciados, el Ministerio de Justicia presentó un recurso habeas corpus ante la Sala Constitucional, apoyado por otras instituciones públicas. 

Los ministerio de Seguridad Pública y Presidencia, la Policía Penitenciaria y autoridades de atención a la pandemia presentaron su coadyuvancia para interceder por la cartera de Justicia. 

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No obstante, será hasta el martes 28 de septiembre que la ‘Sala IV’ realice una audiencia pública para escuchar a las partes. 

La entrada en funcionamiento del Centro de Atención Integral Terrazas podría disminuir el hacinamiento en celdas del OIJ, pero no será hasta finales de noviembre que esto sea una opción. Mientras tanto, las celdas judiciales permanecerán saturadas.

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