El director de la Policía Judicial, Walter Espinoza, calificó la estructura como de crimen organizado pues tenía un orden jerárquico, distribución de funciones, planificación, logística y permanencia en el tiempo.
Agentes judiciales realizaron este martes 16 allanamientos en Alajuela, San Ramón, Puntarenas y Santa Cruz de Guanacaste. Como resultado, detuvieron a 17 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, entre ellas al presunto líder del grupo, un taiwanés de apellido Chuang, de 40 años de edad.
Espinoza explicó que la organización se dedicaba al robo de cable, principalmente telefónico, con el fin de extraer el cobre para luego exportarlo a países como Japón, China e Indonesia.
El robo del cable, propiedad del Estado, causa perjuicios a residencias, industria, centros médicos y servicios de emergencia.
¿Cómo lo hacían?
Los trabajos de robo de cable eran coordinados por dos sujetos de apellidos Aguilar y Pichardo, quienes decidían cuándo, dónde y cómo se iban a realizar.
Posteriormente trasladaban el material sustraído a un centro de acopio en San Ramón y que formaba parte de la estructura criminal.
“Ese centro recibía ya el cobre extraído de los cables. En este lugar se hacía el embalaje o procesamiento inicial”, dijo Espinoza.
Agregó que el sitio era dirigido por dos sujetos, de apellidos Barquero y Reyes los cuales incluían a sus familiares en la ejecución de actividades de sustracción del cable y el encubrimiento.
En una tercera etapa, entraba en acción un centro de acopio en San Antonio del Tejar de Alajuela. El lugar era dirigido por el líder, de apellido Chuang y un salvadoreño de apellido Vado
“En ese lugar era donde se recibía en última instancia el cobre extraído de los cables. Era donde se procesaba, se embalaba, se disponía en pacas y se ejecutaba además la planeación del envío a los mercados internacionales”, informó Espinoza.
Negocio millonario
El jefe policial expresó que, actualmente, el kilo de cobre se cotiza en aproximadamente ¢6.000.
En el centro de acopio los agentes localizaron aproximadamente 150.000 kilos de cobre, de los cuales, el 45% tendría procedencia ilegal.
“Estamos hablando de un valor de mercado de aproximadamente ¢1.000 millones de lo que logramos incautar solo en este lugar y que tiene visos de ilegalidad”, expresó el director del OIJ.
Expertos del ICE serán los que determinen cuál cobre fue sustraído de cable propiedad del Estado y cuál tiene procedencia legal.
Espinoza indicó que como parte de la investigación, el OIJ había incautado grandes cantidades de cobre.
El 12 de agosto del 2021 decomisaron 831 kilos y el 24 de setiembre, otros 7.000 kilos en el centro de acopio en San Antonio del Tejar de Alajuela, allanado este martes. El 29 de octubre, en otro sitio, se realizó el decomiso de 1.400 kilos de cobre.
El director del OIJ aseveró que a la Policía le llama la atención que Costa Rica ha incrementado la exportación de cobre en los últimos años sin ser un país productor.
“La fuente originaria y principal de esa exportación, es la sustracción que al mismo tiempo afecta al Estado, los servicios de las personas y puede provocar perjuicios enormes a la seguridad, a la salud y la convivencia misma de todos los que vivimos en este país”, destacó.
