Tras la situación ocurrida en un Colegio de Limón la semana pasada, Noticias Columbia solicitó al Ministerio los lineamientos que deben seguir docentes y personal de escuelas y colegios. Imagen con fines ilustrativos.
El área de Régimen Disciplinario del Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió una investigación preliminar para determinar si un auxiliar de vigilancia incumplió o no con sus funciones cuando dos alumnas se pelearon a golpes ante su vista.
Los hechos ocurrieron el 25 de octubre en el Colegio Diurno de Limón y quedaron registrados en un video al que tuvo acceso Noticias Columbia.
El director del Colegio, Érick Chevez, elevó al caso al MEP al considerar que el funcionario no separó a las estudiantes e intervino hasta que llegó un conserje.
Intentamos conocer la versión del trabajador pero de momento no ha contestado los mensajes que se le enviaron.
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¿Cuáles son los lineamientos?
En la respuesta del MEP, indicaron que dos protocolos estipulan “la activación ante la sospecha o la detección de situaciones violencia” que involucren a estudiantes.
Una de esas guías se relaciona con la forma de proceder en situaciones de violencia física y riesgo en los centros educativos.
La directora de Vida Estudiantil, Laurent Delgado Carranza, repasó los puntos que incluye y en los que se menciona el deber de intervenir para cesar la violencia.
- Garantizar la protección con el objetivo de cesar la violencia y que no surja.
- Intervención de manera eficaz, rápida y no precipitada. Debe ser fluida, sin detenerse y garantizando siempre la protección y el respeto de los derechos de la protección estudiantil.
- Discreción y confidencialidad durante el proceso de actuación para salvaguardar la integridad de las personas involucradas.
- El interés superior son las personas menores de edad.
Delgado dijo que también existe un protocolo de pautas generales de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.
Hay un apartado específico que habla sobre la responsabilidad de denunciar cualquier situación que violente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“En ese sentido, existe legislación y normativa que nosotros, como funcionarios públicos, nos corresponde denunciar cualquier situación que violente los derechos de una persona menor de edad. En este caso particular es obligación denunciar la situación de maltrato y de abuso contra las personas que se están presentando”, expresó.
“Por ende, ante esta evidencia y esta situación que se presentó en el Colegio, es de interés de todos los funcionarios dar auxilio, mantener el interés de proteger a esa persona menor de edad y actuar, porque somos depositarios de la ley”, agregó.
El auxiliar de vigilancia del Colegio de Limón tiene derecho al debido proceso y a mostrar todos los elementos que considere necesario en su defensa.
