Las leyes costarricenses siguen permitiendo que al salir de la Presidencia, los mandatarios reciban una pensión vitalicia sin importar la edad que tengan.
La figura se estableció desde la primera mitad del Siglo XX y se ratificó mediante la Ley 7302 de 1992.
En su artículo 16, la normativa establece:
“Los Expresidentes de la República que hubiesen sido electos constitucionalmente, tendrán derecho a disfrutar de una pensión mensual igual al ingreso de un diputado (dietas y gastos de representación), a partir del mes inmediato siguiente a la finalización del período presidencial correspondiente. Estas pensiones estarán a cargo del Presupuesto Nacional y serán tramitadas de oficio por el Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”
LEY DE CREACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL
Según datos entregados por la Dirección General de Pensiones a Noticias Columbia, los exmandatarios con el beneficio actualmente son:
- Abel Pachecho: ¢3.952.475,09
- Miguel Ángel Rodríguez ¢3.952.475,09
- Óscar Arias: ¢3.952.475,09
- José María Figueres: ¢3.952.475,09
- Luis Guillermo Solís: ¢3.926.652,10
- Rafael Ángel Calderón: ¢3.952.475,09
- Laura Chinchilla: ¢3.952.475,09
Además, la ley permite que la pensión la hereden las esposas de los exmandatarios en caso de quedar viudas. Actualmente, dos Exprimeras Damas mantienen el pago:
- Marita Camacho, viuda del expresidente Francisco Orlich: 3.952.475,09
- Karen Olsen, viuda del expresidente José Figueres Ferrer: 3.952.475,09
Cabe destacar que también existe un margen para que las hijas de los expresidentes podrían recibir una subvención. De momento, eso sí, no hay ninguna desciendiente en esa condición.
Pensión se tramita de oficio
El tema de las pensiones de los expresidentes retomó vigencia tras las críticas hechas por el mandatario Rodrigo Chaves a las jubilaciones de lujo pero también por el caso del expresidente Carlos Alvarado.
El último mandatario del PAC insistió en su Gobierno que iba a renunciar al privilegio pero la normativa es clara en prohibir la renuncia a derechos de este tipo.
Según la Dirección de Pensiones, en el caso de Alvarado se procedió a “tramitar de manera oficiosa la pensión que por derecho le corresponde y que es irrenunciable”.
Tras un último reclamo en días recientes, Alvarado dijo que en su defecto no daría el número de cuenta y no podrían depositarle el pago.
