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Poder Judicial y Ejecutivo con diferencias por hacinamiento en CAI Gerardo Rodríguez

by David Perez

Rodrigo Chaves criticó resolución de un juez porque “se favorecen los derechos de los privados de libertad”, mientras que autoridades judiciales defienden pronunciamiento.

Durante la conferencia de la presidencia de la República de esta semana, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, manifestó su inconformidad por el pronunciamiento de un juez del Poder Judicial que, según mencionó, afectan las labores en materia de seguridad del país.

La resolución en cuestión es del pasado mes de enero, cuando el funcionario judicial se refirió a las situaciones de hacinamiento y otros problemas que afectan los derechos de las personas privadas de libertad en el Centro de Atención Integral Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela.

Para el ministro de Justicia, este pronunciamiento haría que personas con condenas en firme salgan de prisión.

“Prácticamente nos obligan, sin un estudio, a sacar del sistema penitenciario a las personas si es que hay sobrepoblación. Esto lo mandé a revisar, hemos presentado los recursos correspondientes porque el compromiso es que si una persona sale de la modalidad cerrada y está fuera tiene que haber un estudio técnico que garantice que tiene contención en vivienda, en trabajo y es una persona que no va a causar daño. Este tipo de orden, lo que nos están diciendo es liberar, o si usted metió 100 personas y eso le genera sobrepoblación saque otras 100 y creo que eso no se vale”, criticó Campos.

Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó esta resolución del Poder Judicial y aseguró que no hay estudios firmes que la sustenten.

“Sigue el Poder Judicial, o algunos jueces del poder judicial, favoreciendo los derechos de los privados de libertad sobre el derecho a la seguridad personal y a la seguridad pública del resto la población. Así de fácil, no hay nada más. Estamos agarrando más gente, diay tiene que soltar a los otros. Yo diría que eso, señor ministro, hay que verlo con las autoridades judiciales porque no hay ningún estudio técnico que diga que eso se justifica”, manifestó Chaves.

Noticias Columbia conversó con la vocera del Poder Judicial, Sandra Castro, quien aseguró que los jueces que emiten este tipo de resoluciones visitan constantemente los centros penitenciarios para conocer el estado de los mismos.

“En estos casos, las personas juzgadoras de la materia de ejecución de la pena son garantes de los derechos de las personas privadas de libertad. A los jueces de ejecución de la pena no les es posible obviar las condiciones de hacinamiento en centros penitenciarios. Precisamente, esta es una de sus funciones esenciales y que se las da la ley. No las pueden omitir. Estas personas juzgadoras realizan visitas periódicas a los centros penitenciarios por obligación y las resoluciones que emiten deben apegarse a la legislación vigente bajo el principio de independencia judicial”, explicó Castro.

Finalmente, Castro citó parte de lo que han manifestado, de forma vinculante, diversas entidades, tanto nacionales como internacionales, en cuanto a las condiciones de los centros penitenciarios y la obligación del Estado en cuanto a su manejo.

“El Estado costarricense, dentro de su institucionalidad, debe brindar las condiciones de convivencia digna en los centros penitenciarios, así como de salubridad, así lo han determinado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Constitucional y hay que también citar los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Estas sentencias que le menciono son vinculantes para las personas juzgadoras. Deben ser tomadas en cuenta consideradas a la hora de resolver los casos concretos”, agregó la funcionaria judicial.

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