Colegio de Abogados y de Nutricionistas puntualizaron en que no están de acuerdo con plan del Gobierno.
La decisión del Gobierno de Rodrigo Chaves de sacar a consulta 11 decretos con el objetivo de abaratar el costo de los servicios profesionales en diferentes áreas ya tiene posiciones en contra.
Los grupos amparados por la propuesta son: Abogados, terapeutas, ingenieros químicos y profesionales, geólogos, contadores públicos, ingenieros y arquitectos físicos, microbiólogos y químicos clínicos, biólogos, físicos, químicos y nutricionistas y, por el contrario, se excluye de la lista a otros sectores, como los médicos y los sicólogos.
Tras el anuncio del presidente, se empezaron a pronunciar distintos órganos profesionales. ‘Columbia’ tuvo acceso a la posición del Colegio de Abogado y del de nutricionistas.
El primero envió un breve comunicado de prensa, en el que manifestó lo siguiente:
“El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se manifiesta en contra de los decretos que pretenderían rebajar los honorarios mínimos de los profesionales en Derecho”, cita el escrito.
“Para ello, presentará las acciones legales pertinentes en favor de los agremiados y agremiadas, en todas las instancias necesarias”, agrega el comunicado.
Nutricionistas. En cambio, el Colegio de Nutricionistas se pronunció a través de su vocera, la presidenta María Bolaños.
“Hay un gran asombro por estos decretos que se están sometiendo a consulta pública porque eliminar las tarifas mínimas podría dar un detrimento en la calidad de la atención a la población de Costa Rica, no solo en el área de la nutrición, sino en otras áreas”, afirmó Bolaños.
“La tarifa mínima ayuda a que haya servicios de calidad, que el colega pueda pagar su equipo, pagar su alquiler y tenemos que tener en cuenta que las tarifas de los profesionales en nutrición son bastante bajas ya de por sí”, agregó.
Normativa. Actualmente, la normativa establece que hay precios mínimos para cada servicio.
De cobrar menos, los profesionales se exponen a sanciones y justo en ese punto es donde se busca intervenir, de manera que se eviten esas sanciones.
“Este decreto busca generar condiciones que reduzcan el costo de la vida para las personas y de producción para las empresas. Con esta reforma se pasa de un esquema de tarifas mínimas obligatorias a uno de tarifas de referencia no obligatorias, con las cuales el profesional queda en libertad de cobrar lo que acuerde con el cliente, sin que sea sancionado”, señaló el Poder Ejecutivo.
