Experta que declaró en juicio (de pie en la foto) ahora es investigada por presunto ejercicio ilegal de profesión. Defensor de uno de los acusados pidió que los fiscales del caso sean separados.
El jerarca del Ministerio Público, Carlo Israel Díaz, dijo este martes a Noticias Columbia que estaba al tanto de la situación ocurrida con la extranjera y avaló que se procediera con la apertura de una causa judicial.
La doctora, de apellidos Valenzuela Garach (de pie al centro), se especializa en medicina legal y odontología forense. Su testimonio fue ofrecido por la defensa de un hombre de apellido Miranda, quien es uno de los tres acusados de asesinar a la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, en julio del 2020. Los hechos ocurrieron en un hotel de Quepos.
La testigo declaró la semana pasada, de forma presencial, en el juicio que se realiza en los Tribunales de Goicoechea.
En su segunda comparecencia, los fiscales Edgar Ramírez y Grettel Rosales advirtieron que podrían abrirle una causa por posible ejercicio ilegal de la profesión ya que no estaba acreditada en Costa Rica ante los colegios profesionales respectivos.
Tras esa situación, la experta no declaró más y se fue de regreso a España. El Ministerio Público confirmó que el caso se tramita ahora bajo el expediente 23-000156-0175-PE.
El Fiscal General expresó que sus subalternos actuaron de forma correcta. Añadió que respalda la decisión y la permanencia de ambos funcionarios en el debate.
“Sí estaba al tanto. Don Édgar Ramírez, me hizo una llamada ese día, me explicó el contexto, me hizo saber que era una perito extranjera, que no estaba inscrita en el colegio respectivo y que eventualmente esta persona podría cometer el delito de ejercicio ilegal de la profesión y que esa era la acción que ellos iban a tomar en el juicio y así lo realizaron”, dijo.
¿Qué sucedió?
El abogado Erick Gatgens, defensor de Miranda, explicó que Valenzuela analizó en España el dictamen odontológico forense que hizo un profesional del Poder Judicial y con el cual la Fiscalía vincula a su cliente con las marcas de mordeduras que había en el cuerpo de la víctima.
Gatgens sostiene que la experta tiene elementos que desacreditan la pericia hecha en Costa Rica la cual calificó como llena de errores y “pésimamente mal hecha”.
Por esa razón era de su interés que los jueces escucharan su criterio como experta.
“Se presentó una situación completamente anómala y es que al segundo día de estar declarando la perita española, el Ministerio Público de forma contraria a derecho y desleal, le indicó al Tribunal que estaba valorando proceder a denunciarla por ejercicio ilegal de profesión”, comentó Gatgens.
“El Ministerio Público nunca advirtió antes de la declaración de ella ninguna situación similar, sino que la dejó declarar y al día siguiente hace este anuncio que constituye claramente una amenaza, una coacción en contra de ella. Tenía previsto finalizar su declaración el viernes de la semana pasada pero ante esa actuación arbitraria, decide salir del país, no se siente bien de salud”, añadió.
El abogado calificó como absurdo y desproporcionado pensar que una experta de otro país incurre en ejercicio ilegal de profesión al comunicar resultados de un análisis que hizo.
Pide separación de fiscales
Con este panorama, el abogado Hugo Navas, defensor del empresario hotelero Harry Bodaan, presentó una recusación en contra de los fiscales Edgar Ramírez y Grettel Rosales.
Una recusación es cuando alguna de las partes solicita que un fiscal, fiscala, jueza o juez, se aparte del trámite o conocimiento del asunto porque, por alguna razón, se puede ver afectada su objetividad o imparcialidad.
“Lo que crearon con esa doctora, que es una decana, odontóloga, que trabaja en una universidad de España, de prestigio… ¿cómo que le abren una causa penal en Costa Rica? ¿Dónde está el dolo de esa señora para abrirle la causa? ¿Por qué no la previnieron? ¿Por qué no le dijeron que la ley de aquí no permite que se venga sin permiso a exponer un peritazgo? Que es la primera vez en la vida porque he visto montones de casos donde vienen abogados de otros países y nadie les hace nada”, aseveró Navas.
“Es algo inaudito y eso quiere decir que perdieron la objetividad y en un juicio con una Fiscalía que pierde la objetividad no se puede continuar”, recalcó.
El fiscal general Carlo Díaz manifestó que en Costa Rica hay regulaciones que obligan a los profesionales en distintas áreas a estar acreditados ante un colegio profesional o tener un permiso para ejercer cualquier tarea propia de su experticia.
Citó como ejemplo que un abogado, a pesar de tener título en otro país, no podría ejercer como tal sin su inscripción al Colegio.
A criterio de la Fiscalía, el caso de la perita española ameritaba una acreditación o permiso del Colegio de Médicos y el de Dentistas para presentar el peritaje en el juicio.
“En nuestro país eso si está plenamente regulado. En ese sentido es que ellos consideraron en el debate que podría ella estar ejerciendo ilegalmente la profesión en nuestro país”, recalcó Díaz.
La audiencia para ver la recusación se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea.
El juicio se mantiene suspendido y se reanudaría el próximo lunes. De momento no se sabe si la perita rendirá declaración de manera virtual.
