Jerarcas de Seguridad aseguran que situación refleja el descuido de años en presupuesto y deficiencias en el abordaje del problema. También hacen señalamientos al Poder Judicial.
Datos, con un corte a la mañana de este miércoles 11 de enero, dan cuenta de 21 asesinatos, uno más que los ocurridos el mismo período del 2022.
El año pasado cerró con 656 casos y una tasa de 12.6 por cada 100 mil habitantes. Estos números son los más altos en la historia del país.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, aseguró que las autoridades que asumieron en mayo han dado la lucha fuerte contra los grupos criminales pero que la situación actual refleja un supuesto descuido de años en asuntos como el combate al tráfico de drogas en las comunidades.
“Posiblemente esta sea la tasa más alta pero también tenemos que medirnos por la población como ha crecido y cómo hemos descuidado la seguridad por años. Descuidamos a la persona que vendía (droga) en la esquina; teníamos las luces enfocadas en otra cosa y hoy en día, ¿qué nos está causando el problema?: Las estructuras de narcomenudeo, no hay otra”.
Torres añadió que estas estructuras generan violencia por disputas territoriales relacionadas con el negocio de las drogas.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, expresó que la seguridad no solo depende de los cuerpos policiales sino del Poder Legislativo que aprueba presupuestos y de autoridades judiciales que toman decisiones sobre los sospechosos de hechos violentos.
“Requiere la integración de todos los Poderes porque cuando nosotros llegamos a defender y a decir que no nos alcanza (el dinero), es porque tenemos la experiencia para decir que no nos alcanza. Cuando el ministro Torres dice que le hacen falta más de cuatro mil policías yo le entiendo, cuando en el sistema penitenciario decimos que hacen falta más de 2.500 policías lo entendemos, porque Costa Rica tiene años de no invertir en seguridad”, expresó.
“Lamentablemente la seguridad se ve como un gasto y se le pone un techo fiscal y no podemos crecer ni en una sola plaza pero sí siguen creciendo los homicidios y, como lo dije, más doloroso, homicidios que se pudieron haber evitado, si esas personas no hubieran estado en libertad”, resaltó.
El viceministro de Seguridad, Martín Arias, también se sumó a las críticas contra administraciones pasadas, las cuales tomaron decisiones que, a su criterio, perjudicaron el trabajo de la Policía.
“En la administración anterior, de la cual vengo y estoy muy agradecido porque nos dio trabajo… pero en el último año, el Gobierno, no el Ministro Soto (Michael) eliminó mil plazas de policía. En lugar de crecer se decreció. Señas de que no se ha invertido en Seguridad”, cuestionó.
“La proyección de este año, por supuesto que sabíamos lo que iba a pasar. Si un policía es valiosísimo en el barrio, ¿cuántos son mil?”, agregó.
Noticias Columbia consultó al ministro de Seguridad, Jorge Torres, por qué afirmó en diciembre que la tasa de homicidios no iba a llegar a 12 por cada 100 mil habitantes, pues al final el dato fue de 12,6 y se convirtió en el más alto de la historia.
A pesar de que la consulta se dirigió al máximo jerarca, quien asumió la respuesta fue el viceministro Daniel Calderón.
Él expresó que se habían realizado medidas extraordinarias encaminadas a evitar que la tasa de homicidios aumentara pero que decisiones judiciales afectaron el trabajo.
“Se ha capturado gente, se han decomisado armas, se sigue impactando en las estructuras. Hay un trabajo fuerte. Hicimos sacrificios importantes… desplazar recurso a Limón, una inversión que teníamos se priorizó en Limón y tuvimos resultados positivos concretos. ¿Por qué no estamos generando el impacto? Porque esas personas, los miembros de esas estructuras, los causantes de la violencia, siguen en libertad”, criticó Calderón.
“Ahí es donde se requiere un abordaje diferente, ya no solamente desde el ámbito policial o desde el Ministerio de Seguridad, sino que también desde el ámbito judicial, priorizando a esas personas que están vinculadas a esas estructuras que nos están generando violencia y tomando medidas mucho más fuertes que, en este caso, pues sí, serían medidas privativas de libertad”, finalizó.
