Roxana Chacón, de la Sala Segunda, dijo que la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial han dado seguimiento a las estadísticas de delitos sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres y también de los delitos tipificados en la ley de Penalización de Violencia en contra de las Mujeres.
Con base en los números, expresó que hay alta impunidad. Chacón expuso sus preocupaciones durante una rendición de cuentas del fiscal general interino, Warner Molina, ante la Corte Plena.
La magistrada comentó que, al año, hay cerca de 33 mil denuncias por delitos sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y otros enmarcados en la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres.
Añadió que solamente 1.400 causas llegan a juicio y que en la mayoría de los asuntos se solicitan sobreseimientos o desestimaciones por parte de la Fiscalía.
Chacón consideró insuficiente además que haya solo 24 fiscales especializados en temas de género.
En el caso de los delitos sexuales contra turistas, la magistrada alega que se requiere una reforma para que, de forma obligatoria, se hagan anticipos jurisdiccionales de prueba.
Este mecanismo permite, por ejemplo, recopilar testimonios cuando se piense que más adelante, en la etapa de juicio, exista el riesgo de que no se pueda recibir esas declaraciones.
El fiscal general interino, Warner Molina, reconoció que los números son desfavorables en los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En el caso de los hechos contra mujeres, Molina dijo que es necesario identificar la cantidad de expedientes, en materia de género, que circulan en los despachos con el fin de definir cuántas personas se necesitan para atenderlos.
