La medida la impuso la tarde de este viernes el Juzgado Penal de Goicoechea tras una serie de audiencias que iniciaron desde el pasado miércoles bajo fuertes medidas de seguridad. La imagen corresponde a la diligencia del 4 de marzo.
“La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que consiguió que el Juzgado Penal ordenara seis meses de prisión preventiva contra los imputados de apellidos Segura Angulo, Garro Núñez y Núñez Jiménez”, informó el Ministerio Público.
Los sospechosos fueron detenidos el 12 de abril en Chiriquí Panamá en una operación denominada “Quijote”. El martes 3 de mayo, las autoridades de ese país los extraditaron a Costa Rica donde se les requería por su presunta participación en el llamado caso Fénix.
La Fiscalía y el OIJ señalan a Segura como el supuesto líder de una organización dedicada al lavado de dinero, principalmente con negocios en Pérez Zeledón. El hombre es un reconocido empresario y ganadero de esa zona.
En cuanto a los otros dos investigados, Garro y Núñez, se les atribuye colaborar con el grupo en sus actividades.
El caso Fénix se dio a conocer en febrero del 2022 cuando la Fiscalía y la Policía Judicial realizaron una serie de allanamientos simultáneos para desarticular la organización. Sin embargo, en esas incursiones, las autoridades no pudieron dar con el paradero de Segura, Garro y Núñez.
En marzo pasado, el fiscal general interino, Warner Molina, no descartó que Segura hubiese podido anticipar los movimientos del OIJ, gracias al poderío económico que tenía a mano.
“El caso apunta a que el líder de la organización, con las millonarias ganancias que obtuvo del narcotráfico, creó una estructura societaria y comercial con la cual lograba encubrir el origen ilícito de los recursos. Como resultado de los operativos, se logró decomisar un total de ¢6.163 millones”, dijo.
Los agentes decomisaron grandes sumas de dinero en efectivo, en dólares y colones, ocultas en compartimentos de vehículos. Además decomisaron cientos de cabezas de ganado que posteriormente fueron subastadas.
Todo el dinero y los bienes pasan a custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) mientras el caso se resuelve en la vía judicial. La entidad puede disponer de los intereses que generen los recursos.
El Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva pero el Juzgado impuso una medida de la mitad de ese plazo. Los defensores de los imputados apelaron la decisión.
