En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas
Seguidores de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizaron declaraciones o publicaron mensajes de apoyo en redes sociales mientras transcurre este martes el segundo día de alegatos de la Fiscalía en el juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
“Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado”, dijo este martes el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la prensa.
El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró a la radio AM 750 que esta causa el “único objetivo que tiene es la persecución judicial contra Cristina Kirchner” y agregó en su cuenta de Twitter que “cada funcionario judicial” que interviene en esa persecución entraba “a escondidas” al despacho del expresidente Mauricio Macri cuando era presidente (2015-2019), lo que “es la expresión más grotesca de lawfare” en Argentina.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, acusó, en radio El Destape, de “relato novelesco” la primera jornada de alegatos de las nueve previstas y planteó “la carencia de pruebas” de los fiscales contra la vicepresidenta.
Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
El fiscal Diego Luciani dijo que el Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado” que entre los años 2003 a 2015 funcionó en el seno del estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal” que tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de estado”, al comenzar su alegato el lunes último por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires.
Luciani dijo que se ha probado que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria” que se haya desarrollado en el país.
#TODOS CON CRISTINA
También el hashtag #TodosConCristina fue utilizado por parte de funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes de la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) para expresar su apoyo a la exmandataria en redes sociales.
Y recogieron el argumento de Fernández al sentarse por primera vez en el banquillo, ocho días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o “lawfare” ideada por el Gobierno saliente de Mauricio Macri.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuiteó “contra el lawfare y la persecución” a Cristina Fernández.
La intendenta del partido de Quilmes, en Buenos Aires, Mayra Mendoza, relacionó la causa con que la Justicia “garantiza la impunidad” al expresidente Mauricio Macri y “protege los privilegios de unos pocos”.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, vinculó la causa con los “círculos del poder económico” que “persiguen a las y los líderes que defienden los intereses del pueblo”.
El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, agregó en Twitter que “persiguen” a Cristina Fernández “por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir”.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois tuiteó que el alegato había sido “flojísimo”, lo que justificó “cuando ya tenés la sentencia firmada y los medios comprados”.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
